Los gobernadores prometían que el estado de Texas haría lo que el gobierno federal no estaba haciendo que era, en sus términos, asegurar la frontera. En menos de dos décadas, la financiación estatal para la seguridad fronteriza pasó de $110 millones de dólares en 2008-2009 a más de $3.000 millones para el ciclo presupuestario de este año 2022-2023.
Por casi 20 años, dos gobernadores de Texas, Rick Perry y Greg Abbott, han convencido a la Legislatura de Texas para que gastara miles de millones de dólares en medidas de seguridad fronteriza a través de al menos nueve operaciones especiales y varias otras iniciativas menores.
Los gobernadores prometían que el estado de Texas haría lo que el gobierno federal no estaba haciendo que era, en sus términos, asegurar la frontera. En menos de dos décadas, la financiación estatal para la seguridad fronteriza pasó de $110 millones de dólares en 2008-2009 a más de $3.000 millones para el ciclo presupuestario de este año 2022-2023.
Por varios meses tres medios de comunicación (ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project) le han seguido la pista a las operaciones especiales en el estado de Texas para ver cuáles han sido los resultados de dos décadas de estas operaciones financiadas por los contribuyentes en Texas y las dificultades que encontraron.
Uno de los hallazgos de la investigación es que las cifras que el estado comunicó para demostrar el éxito de la Operación Lone Star, creada y lanzada por el gobernador Abbott en 2021, incluían detenciones que no tenían nada que ver con la frontera o inmigración.
En episodios anteriores, hemos hablado sobre cómo el gobernador Abbott ha vuelto el tema de la frontera e inmigracion uno de sus bastiones políticos, así como también cuáles fueron el conjunto de políticas que se conoce como la “operación estrella solitaria” (Operation Lone Star) y la situación en los centros de refugio para menores que se abrieron en el estado.
Justamente Abbott, quien está buscando la reelección, expandió esta operación en las últimas semanas y comenzó a enviar en autobús a los inmigrantes que son procesados y liberados por el gobierno federal a Washington, D.C.
Según Abbott, estas medidas responden a la decisión de la administración Biden de poner fin al Título 42 (que le permite al gobierno suspender la entrada al país y expulsar a personas que han estado recientemente en un país donde hay una enfermedad contagiosa).
Para hablar sobre esta investigación invitamos a dos de los tres reporteros: Perla Trevizo, de ProPublica y The Texas Tribune, y Andrew Rodríguez Calderón, de The Marshall Project.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.